Fundación Entorno. Alerta a España sobre su derroche energético

Dos nuevas investigaciones de Fundación Entorno-BCSD España avalan el amplio recorrido que tiene la empresa española en materia de eficiencia energética, para lo que piden un marco legislativo que proporcione seguridad al inversor a medio plazo, un impulso a la I+D+i para el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, y una política fiscal que incentive a empresas y ciudadanos.

Las dos publicaciones de Fundación presentadas hoy en Madrid: “Eficiencia energética: Una apuesta para la empresa española” y “Por activa y por pasiva: Impulsar la edificación de alto rendimiento energético”, hacen una análisis sobre la Mejores Tecnologías Disponibles para mejorar la eficiencia energética y analizan las barreras que impiden su puesta en marcha en los diferentes sectores empresariales, proponiendo soluciones relacionadas con el marco normativo, el fomento tecnológico y la sensibilización y formación tanto de trabajadores como de ciudadanos.

El Informe “Eficiencia energética: Una apuesta para la empresa española”, en la que han participado Acciona, Adif, Cemex, Elcogas, Ence, Endesa, Ericsson, Gamesa, Gas Natural, Holcim, Metro de Madrid, OHL, Red Eléctrica de España, Roca, Sol Meliá, Solvay, Grupo SOS y Unilever, expone las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) en eficiencia energética para cada sector empresarial analizado, identifica las barreras para su puesta en práctica, las posibles soluciones y, con 17 casos prácticos,  pone en valor los esfuerzos empresariales por trabajar hacia una economía baja en carbono y una gestión energética más eficiente y responsable.

Derroche de energía

El Informe destaca que España es un país muy derrochador de un recurso que perjudica enormemente la balanza comercial del país, con desmesurado crecimiento de la demanda junto a bajos niveles de eficiencia en producción y consumo.

En comparación con otros países del entorno, se detecta un amplio margen para la mejora: mientras España ha incrementado su intensidad energética total sólo un 4,5% entre 1996 y 2007, la media de los países de la UE-27 ha sido de más de un 19,9% en el mismo periodo (datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA, de julio de 2009).

Además, España sigue siendo el país industrializado donde más han aumentado las emisiones y sigue necesitando un importante esfuerzo para cumplir con el Protocolo de Kioto. Por ello, es clave el papel de la eficiencia energética: del total de medidas necesarias para alcanzar este objetivo, las asociadas a eficiencia energética representan un 43% y se podrían implantar a un coste negativo, recuperándose la inversión con los ahorros conseguidos.

“La eficiencia energética es fundamental, en la relación coste-beneficio, para aumentar la seguridad del abastecimiento e impulsar la economía”, señaló en este sentido la Directora Gerente de Fundación Entorno-BCSD España, Cristina García-Orcoyen.
 
Las razones por las que las empresas participantes en el documento deciden adoptar medidas de ahorro y eficiencia son muy diversas, destacando el impulso de la dirección por la sostenibilidad (72%) y la búsqueda de ahorro de costes en la factura energética (66%). Le sigue la disminución de gases contaminantes a la atmósfera, con un 62%.

La apuesta por la eficiencia energética aporta claras ventajas para las empresas, entre ellas la mejora en la cuenta de resultados por los ahorros conseguidos (para el 61% de las empresas participantes en el estudio),  la modernización del proceso productivo y sus instalaciones (58%) o el desarrollo de productos energéticamente eficientes (53%).

Según García-Orcoyen, la implantación de las medidas de eficiencia entre las empresas no es generalizado debido a la falta de un marco legislativo que proporcione seguridad al inversor a medio y largo plazo, un claro impulso a la I+D+i para el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, y una política fiscal que incentive a empresas y ciudadanos. “Estamos ante retos ineludibles donde dudar significa perder oportunidades”, recalcó.

Construcción energéticamente eficiente

El informe “Por activa y por pasiva”, en el que han participado Acciona, Bancaja Habitat, Cemex, Ecofys, Endesa, Gamesa, Gas Natural, Holcim, Lutron, OHL, Sain Gobain, y Solvay  se centra en el sector de la edificación, que ha adquirido especial protagonismo en las políticas energéticas y de lucha contra el cambio climático, al ser el responsable de cerca del 20% del consumo final de energía en España.

Los compromisos de reducción adquiridos por la Unión Europea para 2020 supondrán que los edificios ubicados en los países que la conforman deberán reducir su consumo en 165 millones de toneladas equivalentes de petróleo y generar otros 50 millones utilizando solo fuentes renovables.

Para conseguirlo, es necesario centrarse en aquellos instrumentos que mayores reducciones de CO2 supongan, sin olvidar el factor decisivo de la rentabilidad. Las 12 empresas que han trabajado en 2009 en el Grupo de Trabajo de Construcción Sostenible de Fundación Entorno han realizado un riguroso análisis con el que demostrar la viabilidad económica de varios tipos de obra nueva y rehabilitación para conseguir edificios con la máxima calificación energética. Se incluyen además 13 casos prácticos que ponen de manifiesto la capacidad del tejido empresarial en este sentido.

Los resultados arrojan periodos de retorno muy atractivos para compensar el sobrecoste que suponen los edificios de alta calificación energética frente a edificios que cubran el mínimo legal requerido en la actualidad. Por ejemplo, el sobrecoste para construir un edificio nuevo de viviendas de máxima calificación energética se compensa en su totalidad con las subvenciones existentes.

Para el caso de un edificio de oficinas existente, el sobrecoste para rehabilitarlo con objeto de conseguir una calificación energética B tan solo necesita dos años para ser recuperado.

Sin embargo, y pese a quedar demostradas las ventajas económicas, la implantación efectiva de este tipo de proyectos necesita un cambio en el modelo edificatorio.

Para lograrlo será imprescindible abordar algunos cambios:

• Nuevas fórmulas de financiación para quienes no puedan asumir la inversión a pesar de beneficiarse de los ahorros. Este papel podrías ser asumido por las empresas de servicios energéticos, que cubren el desembolso inicial y la gestión integral de las necesidades energéticas del edificio, permitiendo amortizar la inversión gracias a los ahorros conseguidos;

• Diseñar políticas de incentivos a la inversión como el incremento del índice de edificabilidad en función del rendimiento energético, para que los promotores, quienes no podrán beneficiarse de los ahorros, pudieran ver compensada la inversión.

• Superar el retraso en la implantación efectiva de la normativa a nivel autonómico, ya que está desincentivando al resto de agentes implicados y no permite actuar con la urgencia necesaria.

• Abordar políticas que impulsen de forma eficaz y a gran escala opciones como la rehabilitación energética del parque inmobiliario existente.

En palabras de García-Orcoyen, “es necesario dotar a los agentes implicados de información (contadores inteligentes, auditorias energéticas, etiquetado, etc) que les permita ver las ventajas de la eficiencia; primar fiscalmente la edificación en función de su calificación energética, penalizando el derroche de energía; y aplicar los más altos estándares energéticos a los edificios públicos y sedes sociales de empresas”.

Fuente: Fundacionentorno.org